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Contexto
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Los 80...
La década de los ochenta tuvo como denominador común los cambios políticos y sociales. La Transición dio paso a la democracia ante la mirada de los nostálgicos del régimen militar y el PSOE ganó las primeras elecciones de la nueva era. El camino a la modernización se reflejó en el papel más activo de la mujer, el descenso de la natalidad, el cambio radical de la moda, el "destape" en el cine y "La Movida" como culmen.
No obstante, la hostilidad azotó "la década prodigiosa". Los atentados de ETA, el terrorismo de Estado ejercido por los GAL, el consumo extendido de drogas, el VIH y la grave crisis económica tras la reconversión industrial marcaron una generación. Los grandes eventos como el Mundial de Fútbol y el apogeo de las artes se vieron ensombrecidos por la elevada mortalidad juvenil, las bombas, el aumento de la delincuencia, las adicciones, la pobreza y la implacable represión policial contra las manifestaciones masivas.
1981 estuvo marcado a nivel mundial por el atentado contra el Papa Juan Pablo II, el ataque al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el asesinato del presidente de Egipto Moḥamed Anwar al Sadat.
El año de la crisis...
Un punto de inflexión
En el caso de la colza trajo consigo muchos cambios. "En ese momento se investigó bastante poco, toda la información era muy sesgada pero sí que marcó un antes y un después. Generó conciencia de aumentar el control y la seguridad y se empezó a primar lo sanitario por encima de lo económico", asegura el catedrático Alberto Cepeda, experto en nutrición y bromatología.
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El síndrome tóxico también actualizó el sistema sanitario; se introdujo la rehabilitación en la sanidad pública por primera vez en nuestro país y las unidades de seguimiento de la enfermedad fueron precursoras de los centros de atención primaria.
Algunas cifras
En Europa cada año se producen 23 millones de intoxicaciones alimentarias, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados en 2019. A pesar de los controles implantados, fallecen anualmente cerca de 5.000 personas por la ingesta de alimentos en mal estado.
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A nivel mundial se registran 600 millones de casos anuales que causan 420.000 muertes, de las que tan solo el 2% son el viejo continente.
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Más sobre seguridad alimentaria
Alberto Cepeda, experto en nutrición y brotamología.
España en datos
-El estudio más reciente del Centro Nacional de Epidemiología, que analiza el periodo de 2004 a 2011, revela que se registran anualmente 30.000 casos de intoxicaciones alimentarias, con una media de siete decesos.
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-En 2001 se creó la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
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-El sector alimentario representa el 3% del PIB (Producto Interior Bruto) y aglomera más de 31.000 empresas, según datos de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas.
Los niveles de seguridad son elevados y gracias a ellos los casos de intoxicaciones, y también su mortalidad, se han reducido. No obstante, sigue habiendo factores de riesgo. Para los expertos las crisis alimentarias nacionales del siglo XX fueron el resultado de la libre circulación de mercancías y de crisis asociadas a la Unión Europea, la falta de control puntual del sector productivo por la administración y la fuerte competitividad del sector, con una presión sobre los precios a la baja que afectó a la calidad de los productos.
La seguridad alimentaria abarca muchos ámbitos, desde la inocuidad a garantizar a la población el abastecimiento de alimentos. En los países desarrollados el primer punto, centrado en la posibilidad de causar enfermedades de los alimentos, es el que toma mayor relevancia.
En la actualidad, la seguridad es elevada y el riesgo mínimo pero la imposibilidad de controlar todos los puntos de la cadena conlleva que periódicamente salten alertas. Las crisis alimentarias pueden ser víricas, infecciosas, por una sustancia tóxica química o por catástrofes naturales. Las más comunes son las causadas por las bacterias "camyplobacter", causantes de diarrea y listeria, la salmonela, algunas cepas de la bacteria "escherichia coli", el "toxoplasma gondii", un parásito causante de la toxoplasmosis, y los norovirus.
"Los mecanismos oficiales son bastante eficientes. Está todo perfectamente legislado"
Alberto Cepeda
"Los fallos son derivados de que el riesgo cero no existe ¿Hasta qué punto la sociedad es capaz de asumir un riesgo?"
Alberto Cepeda
Tras la crisis del aceite colza desnaturalizado la inocuidad alimentaria ganó consideración y después del brote de encefalopatía conocido como "las vacas locas" se unificó la legislación a nivel europeo. La normativa vigente centra su interés en la protección de los consumidores, así se refleja en el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria, elaborado por la Comisión Europea, que dirige sus esfuerzos a determinar los riesgos presentes, gestionarlos y en la posterior comunicación de los mismos.
Los principales objetivos de esta subárea de la seguridad alimentaria son estudiar el origen, composición y estructura de los alimentos para conseguir que sean sanos e inocuos. Así como la vigilancia a lo largo de toda la cadena alimentaria, aplicando medidas de prevención, control y depuración de responsabilidades en caso necesario. En resumen, su fin último es velar por la salud de los consumidores.
"Se puede seguir todo el proceso, exceptuando por el momento quién consume el producto"
Alberto Cepeda
El control está en manos de la propia industria y es revalidado por la autoridad competente; implica por tanto a toda la cadena: fabricantes, transportistas, manipuladores y vendedores. Todos los procesos deben ser vigilados por el organismo de control competente, europeo, nacional, autonómico y por supuesto empresarial. En última instancia los tribunales de justicia pueden imponer las penas y sanciones correspondientes y revisar, en caso necesario, la actuación de la Administración. Se trata de un control en dos niveles, externo, por parte de las administraciones, e interno o autocontrol, de todos los implicados.
"Hay una comunicación importante para si en un momento hay una alerta atajarla lo más rápido posible y que cause el menor impacto en la salud y en la economía"
Alberto Cepeda
Cuando salta una alarma los diferentes mecanismos de control se ponen en marcha de manera casi inmediata para que el impacto sea mínimo. Con todo, en los últimos años diversas crisis alimentarias han puesto en jaque todas las normativas.
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Principales crisis alimentarias de los últimos años.
La crisis de la colza
La denominada crisis del aceite de colza fue un envenenamiento masivo sucedido en España en 1981, por el consumo de aceite de colza adulterado; cuyos efectos devastadores para la salud se prolongan hasta la actualidad. El fraude, considerado el gran escándalo de la Transición, provocó aproximadamente 5.000 muertes y afectó a unas 25.000 personas, a pesar de que las fuentes judiciales tan solo recogen 330 fallecimientos. El desfase de las cifras recogidas en la sentencia y el que barajan las asociaciones de afectados se debe al cese de las investigaciones, por lo que los organismos oficiales no contabilizaron las defunciones posteriores a los primeros años.
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El 1 de mayo, Jaime Vaquero, un menor ingresado en el Hospital del Rey de Torrejón de Ardoz, muere durante su traslado a otro centro hospitalario, punto de partida del síndrome del aceite tóxico. La desconocida afección se extendió rápidamente por Madrid provocando el colapso del sistema sanitario. Mientras, las hipótesis sobre la causa de la dolencia se iban sucediendo a medida que aumentaban las víctimas y laboratorios de diferentes países analizaban muestras de los pacientes en busca de una respuesta.
1981
1987
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1995
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Un mes después había ya 10.000 hospitalizados y 80 fallecidos. Los síntomas, similares a los de un catarro fuerte abalan la conjetura que más fuerza tuvo, una epidemia de neumonía atípica. Sin embargo, el hecho de que no todos los miembros de la familia enfermasen y otros indicios como manchas en la piel y picores llevan a barajar la posibilidad de que se trate de una intoxicación.
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Ilustración de Mingote publicada en ABC el 16 de septiembre de 1981.
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Extracto de una noticia de La Voz De Galicia del 20 de junio de 1981.
A mediados de junio, tras mes y medio de incertidumbre, un equipo médico del madrileño Hospital Niño Jesús, dirigido por el doctor en pediatría Tabuenca Oliver, descubrió una relación entre la afección y un aceite vendido a granel. El grupo de facultativos realizó diversos test para intentar vislumbrar un factor común. El ingreso de un bebé, cuya abuela afirmó usar una cucharadita de aceite en sus papillas, marcó el punto de inflexión. Se procedió a analizar varias garrafas de aquel aceite que todos los ingresados parecían haber consumido y se demostró que era el causante del envenenamiento.
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Desconocimiento y engaño
Las teorías conspirativas fueron variopintas; los expertos determinaron que las muertes se debían principalmente a problemas pulmonares y la Organización Mundial de la Salud concluyó que el síndrome tóxico era un cúmulo de 100 patologías diversas. Los forenses que intervinieron en el juicio, Rafael Garrido-Lestache, José María Abenza Rojo, Agustín Cruz Merino, Venancio Fernández Valencia y Manuel Molina Bayón, descartaron que la intoxicación estuviera provocada por productos organofosforados. Esta afirmación desmontó la tesis principal de la defensa que sostenía que la causa de la enfermedad eran pesticidas empleados para fumigar tomates. Sin embargo, los técnicos concluyeron que no podían ni afirmar ni descartar que las anilinas o anilidas presentes en el aceite fueran las causantes del síndrome; aunque añadieron que tras el canje de las partidas de aceite dejaron de aparecer nuevos casos.
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La enfermedad entró en fase regresiva a los cinco meses de la retirada del mercado del aceite tóxico y un año después en Madrid, ciudad más afectada, quedaban solo una treintena de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos.
Enfermos del síndrome tóxico durante el carnaval en el Hospital Primero de Octubre. Fotografía: Miguel González.
Incapacidad de las autoridades
"Lo causa un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata"
(Declaración del ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social el 21 de mayo de 1981)
La inacción de las autoridades competentes y la falta de transparencia y comunicación veraz fueron también síntomas de la enfermedad. A pesar del aumento progresivo de afectados y el goteo diario de fallecidos, el Director General de Salud Pública, Luis Valenciano Clavel, aseguró durante las primeras semanas de la crisis que se trataba de un contagio menos importante que una epidemia de gripe o de meningitis. Por su parte, el ministro de sanidad, Jesús Sancho Rof, afirmó en televisión que se trataba de un bichito que si se caía de la mesa se moría. El objetivo de dichas declaraciones era frenar la psicosis colectiva, pero la incertidumbre y las mentiras sumieron a la población en un estado de confusión y miedo.
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En un primer momento las autoridades sanitarias achacan los casos aislados a un brote de la "enfermedad del legionario" o legionella, una neumonía causada por la bacteria legionella pneumophila. Con el incremento de casos, el Ministerio de Sanidad cambia de parecer e indica que se trata de una epidemia de neumonía atípica, noticia que difundió toda la prensa nacional. Entretanto, los médicos no aprueban la teoría; el cuadro clínico de los pacientes no se correspondía con una infección contagiosa. El doctor Antonio Muro, director del Hospital del Rey fue destituido de inmediato por descartar la posibilidad que apuntaba el gobierno y señalar una posible intoxicación alimentaria como origen de la dolencia.
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A mediados de junio, con unos 10.000 afectados conocidos, llega el reconocimiento de que efectivamente se trata de una intoxicación y que el causante es aceite de colza desnaturalizado con anilinas al 2%. El resto de especulaciones pierden fuerza y se genera una nueva situación de confusión que obliga a la Secretaría de Estado a elaborar y difundir un listado con los aceites aptos y no aptos para su consumo.
Un mes después, en julio, Unión de Centro Democrático (UCD), partido político al frente del Estado, calificó el envenenamiento masivo como "un desgraciado incidente".
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Extracto de una noticia de El País del 11 de julio de 1981.
¿De dónde provenía el aceite tóxico?
En España desde 1964 la venta de aceite obtenido de la colza estaba prohibida a nivel nacional, a excepción de las Islas Canarias. Para evitar su comercialización para tales usos era común que se le añadiese anilina, "amina aromática, oleosa, incolora, tóxica por ingestión, inhalación o absorción a través de la piel, que tiene muchas aplicaciones industriales, especialmente en la fabricación de colorantes" (Definición de la Real Academia Española).
El aceite causante del envenenamiento había sido desnaturalizado con dicho componente, que aporta el color negro característico del aceite de uso industrial. Para retirar esa tonalidad se refinó a altas temperaturas con sosa y lejías, lo que convirtió las anilinas en anilidas de ácidos grasos, mucho más dañinas para la salud.
El aceite de colza desnaturalizado se importó en su mayoría de Francia y ya en suelo nacional se procedió a su refinamiento. Posteriormente, se distribuyó en garrafas y a través de venta ambulante, aunque también embotellado y con marca en tiendas de alimentación.
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Más de una decena de marcas implicadas en el fraude
El Gobierno prohibió el consumo de aceite de colza para proteger la producción de oliva y ordenó añadirle anilinas para evitar su comercialización. La falta de control y legislación permitió la creación de varias redes mercantiles de aceites fraudulentos. Siete empresas y una decena de marcas fueron acusadas formalmente. Según informaron las noticias del momento los implicados pudieron embolsarse unos 75.000 millones de pesetas en beneficios. La causa cruzó las fronteras y empresas de Francia y Dinamarca se vieron implicadas. Los galos reconocieron añadir anilinas al aceite porque así lo exigían las autoridades españolas pero aseguraron ignorar sus usos.
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Extracto de una noticia de El País del 26 de julio de 1981.
Tras la confirmación de las autoridades sanitarias la Policía procedió a incautar el aceite tóxico e investigar el circuito de distribución. Paulatinamente aparecieron almacenes clandestinos y negocios fraudulentos; en poco más de un año se recogieron más de 750.000 litros de aceite. La última partida del aceite tóxico se imputó en Francia en 1998 para su destrucción.
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El recorrido del aceite
La Refinería de Aceites de Pescado S.A. (RAPSA) de San Sebastián, propiedad de los hermanos Bengoechea, importó el aceite ya desnaturalizado desde Francia. Luego lo distribuyó mediante el intermediario procesado, Jorge Pich, en su mayoría a la empresa RAELCA de Alcorcón, Madrid, dedicada al envasado y venta de aceite comestible, que a su vez lo envió a la refinería Itehache y finalmente lo distribuyó al público, siendo el principal foco de las partidas de aceite tóxico.
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RAPSA vendió el producto restante al industrial catalán Enrique Salomó que lo distribuyó al también imputado Ramón Alabar, a la empresa sevillana Giresa, que lo destruyó al conocer su toxicidad, y a la firma Aceites de Valencia, propiedad de los hermanos Baviera. Estos últimos, envasaron parte del aceite recibido y el resto lo vendieron a Aceites Aguado el Prado, que desconociendo la procedencia y toxicidad del producto, lo envasaron y distribuyeron a vendedores ambulantes que lo comercializaron a través de la ruta de los pantanos que conecta Madrid con Salamanca.
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Circuito de distribución del aceite. Elaboración propia.
Víctimas y supervivientes
Silvia en brazos de su madre en el Hospital Primero de Octubre. Fotografía: Miguel González.
"Formamos parte de la historia de nuestro país aunque no aparezcamos en los libros de historia"
Carmen Cortés
El síndrome de aceite tóxico (SAT) es una enfermedad rara que solo existe en España como consecuencia de la intoxicación derivada del consumo de aceite de colza con anilinas al 2%. La Organización Mundial de la Salud adoptó esta nomenclatura para destacar que la única causa de la patología había sido la ingesta de aceite tóxico y descartar así otras teorías que fomentaban la alarma social.
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La patología crónica y desconocida afectó a 19.554 personas y provocó el fallecimiento de 4.952, según datos del Instituto Nacional de Seguridad Social. Las cifras varían notablemente según la fuente consultada y podrían ser más elevadas. Muchos fallecidos no fueron registrados por el cese de las investigaciones o por residir en localidades alejadas de la ruta del aceite.
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Más sobre Fegerec
¿Qué se considera enfermedad rara?
Carmen López, directora sociosanitaria de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec).
"En España hay más de 6.000 enfermedades raras reconocidas"
Carmen López
Aliviar, acompañar y tramitar
La mayor concentración de afectados se encuentra en Madrid y en Castilla y León pero la incidencia de la patología se expande por todo el territorio nacional. La repercusión real no se equipara con lo recogido por los medios de comunicación en aquel momento, ya que no contemplaron los afectados en las provincias periféricas e hicieron eco de las cifras de afectados recogidas en la sentencia. Es más, cuatro décadas después es común que se siga haciendo referencia a esos datos a pesar de que diversos organismos oficiales registren sumas muy superiores.
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Incidencia de la intoxicación por provincias. Elaboración propia. Datos extraídos del Informe del Gobierno sobre actuaciones de la Administración del Estado en relación con la enfermedad asociada con el consumo de aceite tóxico, 1981.
Más de 5.000 casos
De 5.000 a 1.001 casos
De 1.000 a 501 casos
De 500 a 101 casos
De 100 a 101 caos
De 50 a 11 casos
De 10 a 1 casos
El síndrome tóxico es una dolencia crónica con elevada morbilidad y afectación multisistémica que se enmarca dentro de las enfermedades raras porque afecta a menos del 0,05% de la población y sus pacientes sopesan peligro de muerte o invalidez crónica.
El aceite tóxico fue distribuido en mercadillos, a través de venta ambulante y en tiendas de alimentación con precios relativamente inferiores a otras marcas. Es por ello que el perfil de los afectados se caracterizó por pertenecer a estratos socioeconómicos medios y bajos. Afectó por tanto a un estrato poblacional vulnerable, con riegos sociales, económicos y educativos.
La dolencia afectó a niños y adultos por igual y se registró mayor incidencia en mujeres que en hombres.
Fases de la enfermedad
La evolución de la enfermedad pasó por cuatro fases: la prodrómica durante los primeros días, en la que los síntomas desarrollados eran similares a los de un catarro; la fase aguda, que se desarrolló durante los dos meses siguientes a la intoxicación y en la que la sintomatología era malestar general, fiebre, cefalea, dolor articular, sarpullidos y picores intensos, problemas en el cuadro respiratorio, hepatomegalia, inflamación de los ganglios linfáticos, mialgias y calambres musculares y alteraciones analíticas. Transcurridos dos meses los pacientes entraron en la fase intermedia en la que fue común sufrir síndrome esclerodermiforme, esclerosis y fibrosis cutánea, además de otras problemáticas; en esta etapa el 20% desarrolló hipertensión pulmonar. Después de unos meses el 60% de los afectados entraron en fase crónica, en la que permanecen conviviendo con afectaciones en la piel y glándulas, problemas cardiopulmonares, síndrome neuromuscular, prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, problemas osteoarticulares, alteraciones digestivas y problemas psiquiátricos como desarrollo de estrés postraumático en el 30% de los casos.
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Extracto de la portada de La Voz de Galicia del 19 de junio de 1981.
Carmen Cortés , coordinadora de la Plataforma Seguimos Viviendo.
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"Uno de mis profesores, que era médico, me diagnosticó una bronquitis"
Estado actual
El 45% de los supervivientes se encuentra en un estado de salud aceptable, otro 45% sufre una baja calidad de vida y el 10% se encuentra en un estado de salud malo o muy malo, según datos del Instituto de Salud Carlos III. En su día a día acarrean las problemáticas ya descritas así como fragilidad capilar, problemas dentales, fatiga crónica, artrosis y luxación, dolor crónico, osteoporosis, deformaciones articulares, afectaciones musculares, como pérdida del equilibrio, o afectación inmunológica. Además de los problemas psicológicos como alteraciones del sueño, pérdidas de memoria y ansiedad o depresión en el 50% de los casos. Todo ello deriva en que muchos supervivientes sean personas dependientes o se vean incapacitados para trabajar.
La mediación suministrada para poder salvarles la vida fue muy agresiva y dejó también secuelas en los afectados. A día de hoy el tratamiento que se sigue se basa en aliviar el dolor, los calambres, disminuir los problemas psicológicos y mejorar la calidad del sueño. Para ello, de manera generalizada se recetan analgésicos, antidepresivos y anticonvulsivantes, así como los medicamentos específicos para las patologías concretas de cada paciente.
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La rehabilitación jugó también un papel clave en la recuperación. En la actualidad el ejercicio físico, los masajes, la aplicación de ultrasonidos y ultracorrientes y la órtesis, apoyos externos para mejorar el sistema neuromusculoesquelético, son una pieza imprescindible para frenar el inevitable empeoramiento físico.
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Abandono
"No tenemos los mismos derechos que otras víctimas"
Carmen Cortés
Los enfermos por síndrome tóxico se encuentran sumidos en una espiral constante de desinformación. El trato a las víctimas y familiares desde las instituciones se caracterizó desde el principio por la falta de atención y posteriormente por el olvido y la insuficiente investigación, la ausencia de centros de referencia y los recursos limitados que complican su realidad.
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Como dijo Oscar Wilde, "si nunca se habla de una cosa, es como si no hubiese sucedido". A pesar del número de afectados el SAT no se estudia en las facultades de medicina y no existe ningún centro especializado que aúne todas sus necesidades. "Tenemos una enfermedad que nunca se cura. Tenemos una enfermedad que tiene que ser vigilada hasta que muramos", recuerda Cortés. La falta de una unidad centralizada de tratamiento deja a las víctimas a la deriva de la autonomía en la que residen, no siempre teniendo los cuidados que su patología requiere. Hasta 2009 contaban con unidad de seguimiento en el hospital madrileño Carlos III pero el gobierno de la Comunidad echó el cierre. Tras muchos esfuerzos por parte de las asociaciones de víctimas se consiguió poner en marcha una unidad funcional el Hospital 12 de Octubre, pero sigue pendiente la creación de un centro en el que se aborde conjuntamente la parte asistencial y la social.
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El pago de medicación y la cobertura médica son dependientes de los gobiernos autonómicos, lo que obliga a las asociaciones a negociar de manera independiente los acuerdos. El problema de competencias se refleja también en las trabas impuestas por algunas regiones para el traslado de pacientes a la unidad madrileña. Pese a que la medicación y la parafarmacia están cubiertas por el Estado de por vida otras necesidades como la salud bucodental, la podología o la fisioterapia corren a cargo de los propios afectados.
La investigación es otra batalla perdida. El desconocimiento sobre la evolución de la enfermedad y sobre cómo afecta a la descendencia de los damnificados es total. En el año de la crisis y en los posteriores los especialistas ante la falta conocimiento de que afectaciones podía tener en el feto trasladaron a las mujeres embarazadas la responsabilidad de abortar o no. En la actualidad todavía se ignora la repercusión real que puede tener el síndrome tóxico en generaciones futuras y ya se han dado casos aislados de relevo generacional.
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"En España era ilegal abortar y fueron solas a abortar a países de Europa"
Carmen Cortés , coordinadora de la Plataforma Seguimos Viviendo.
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Josefa Casado y Encarnación Ortiz durante una protesta de afectados por el síndrome tóxico en Madrid. Fotografía: Miguel González.
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Indemnizaciones y reivindicaciones
"No se vuelve a hablar del síndrome tóxico después de las indemnizaciones, como si las indemnizaciones lo hubiesen curado". "Aunque se mire para otro lado el problema existe y no desaparece", recalca Carmen Cortés.
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De las indemnizaciones recibidas, embolsadas en muchos casos transcurridos años, se descontó las ayudas que los afectados habían recibido con anterioridad para enterrar a familiares, para dar leche artificial a los bebés cuyas madres no podían… "se descontó más del 25%", informa Cortés. Asimismo al recibir dichas cuantías los afectados que no habían trabajado antes de enfermar perdieron la ayuda por incapacidad. Los que sí han podido trabajar con posterioridad pero les hes imposible continuar por su mal estado físico se enfrentan a largos y duros procesos para poder conseguir la invalidez, "tenemos que judicializarlo en el mejor de los casos. Si has trabajado en muy difícil conseguirla y si no has trabajado no la tienes", cuenta Carmen Cortés en referencia a la paga por incapacidad.
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"Es como si tuviésemos 20 años más"
Carmen Cortés
A pesar de los años de lucha, de manifestaciones multitudinarias y encierros poco o nada han conseguido de las autoridades los supervivientes de la epidemia. Reuniones con gobiernos y comparecencias en el Congreso de los Diputados no han sido suficientes para ocupar el papel que merecen en la sociedad. La Plataforma Seguimos Viviendo aúna en un manifiesto publicado en 2018 las reivindicaciones por las que los afectados continúan trabajando.
"A nuestros muertos y a nuestras familias ningún gobierno les ha perdido perdón. Ningún presidente nos ha recibido y la Casa Real tampoco"
"Las indemnizaciones solo sirvieron para hacer pensar a la opinión pública que hemos sido los aprovechados de este estado"
Carmen Cortés , coordinadora de la Plataforma Seguimos Viviendo.
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Carmen Cortés
Macrojuicio y sentencia
1989
Fotografías de los aceiteros acusados publicadas en El País el 15 de septiembre de 1981.
1987
1987
El 30 de marzo de 1987 comenzó el juicio de la colza en la Audiencia Nacional de Madrid; el que fue el primer macrojuicio real en la historia de España se celebró en La Casa de Campo y fue considerado "el juicio del siglo".
El fiscal del caso, Eduardo Fungairiño, pidió penas de más de 10.000 años de prisión para los 38 empresarios acusados. Mientras, los abogados de la defensa argumentaron que el origen de la intoxicación provenía de los pesticidas empleados en unas partidas de tomates almerienses, teoría rechazada por los facultativos. En la vista intervinieron diferentes expertos, entre ellos el aclamado epidemiólogo británico Richard Doll, que tras realizar un informe confirmó que el aceite fue el causante de la intoxicación.
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"Algunas muertes valen muy poco"
Carmen Cortés
El proceso se prolongó durante año y medio entre protestas de afectados aclamando justicia. El 20 de mayo de 1989 se conoce la sentencia dictada por el magistrado Siro García. Solo 13 de los procesados son condenados, y de ellos tan solo dos entran en prisión, Juan Miguel Bengoechea y Ramón Ferreiro, ya que los restantes habían cumplido las penas inferiores durante el periodo de prisión preventiva. Tras hacerse público el veredicto la tensión estalló y centenares de personas apedrearon el autobús en el que viajaban los acusados.
Noticia de El País del 21 de mayo de 1989 sobre la publicación de la sentencia.
1992
Tres años más tarde, el Tribunal Supremo amplió las condenas y elevó las penas de algunos de los acusados, quienes se declararon insolventes para hacer frente a las cuantiosas indemnizaciones exigidas por la sentencia. Las compensaciones económicas oscilaban entre las 150.000 pesetas y los 90 millones en caso de gran invalidez y 15 millones para los herederos por persona fallecida. Los abogados de la acusación exigieron al Estado su abono.
1997
En 1997, 16 de años después, el juez Carlos Bueren abrió un nuevo sumario, el conocido como "juicio de los altos cargos". El Supremo sentó en el banquillo a siete cargos públicos y condenó a dos de los funcionarios a seis meses de cárcel por imprudencia temeraria: Federido Povedano, director de política arancelaria y Manuel Hernández Bolaños, quien autorizó en 1973 la desnaturalización del aceite de colza.
El Tribunal también declaró al Estado responsable civil subsidiario obligando así a la Administración al pago total de las indemnizaciones, que en algunos casos se demoró más de dos décadas. El Supremo contradijo lo dictaminado en el 89 por la Audiencia Nacional y aumentó las cuantías, determinó que se pagarían en su totalidad y aumentó el número de beneficiarios al considerar enfermos a los que con anterioridad se había agrupado bajo el epígrafe de "dudosos".
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2000
Extracto de una noticia publicada en ABC el 3 de octubre de 1997.
En el 2000 el Ministerio de Justicia formó un equipo judicial para decidir la cuantía correspondiente a cada afectado, finalizando así el proceso administrativo.
El juicio de la colza fue el más largo de la historia de España y en el participaron 1.500 testigos y 200 peritos. Casi cuarenta años después, los aquejados por el síndrome tóxico continúan su lucha contra las secuelas y el silencio, "tenemos pendiente iniciar un proceso judicial internacional. Se han vulnerado muchos derechos a las víctimas y se siguen vulnerando", demanda la coordinadora de la Plataforma Seguimos Viviendo.
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¿Fue el aceite?
Legalmente quedó probada la relación del aceite con el síndrome tóxico pero existen diversas teorías conspirativas que sostienen como origen de la intoxicación un pesticida. El doctor Muro, mencionado anteriormente, el forense Luis Frontela y el escritor y ufólogo Andreas Faber-Kaiser son algunos de sus defensores.
La explicación oficial de lo ocurrido es falsa, o eso es lo que aseveran aquellos que se niegan a aceptarla. En la sentencia del caso se recoge que el agente tóxico concreto causante de la enfermedad se desconoce, lo que ampara la duda.
Los detractores apuntan la discriminación intrafamiliar e interfamiliar, así como la existencia de núcleos cerrados, como hospitales o cuarteles, en los que se adquirió el supuesto aceite tóxico pero no enfermaron, como argumentos que avalan la teoría de otra causa. Señalan también que la epidemia retrocedió antes de conocer la existencia del aceite tóxico, que hubo diversos enfermos que aseguraron no haber ingerido el aceite problemático y por el contrario, personas que consumieron el aceite no se vieron afectadas, incluidos los acusados que antes del juicio declararon una huelga de hambre durante la que bebieron cantidades importantes del supuesto aceite adulterado. Los expertos explican al respecto que no todas las personas expuestas al tóxico desarrollaron la enfermedad, dependió de la concentración del tóxico en cada aceite y de la susceptibilidad individual, lo que explica la discriminación entre miembros de la misma familia.
Los negacioncitas se amparan en la falta de recursos para demostrar la tesis y en que los datos brutos del doctor Tabuenca, quien relacionó directamente el aceite con la enfermedad, son incontrastables y fueron manipulados. Citan además diversos informes de índole oficial como el emitido por el CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, actual CNI) en el que se sostiene la inviabilidad del aceite como causa de la dolencia.
Una partida de unos 85.000 kilos de tomates tipo Lucy cosechados en Roquetas de Mar, Almería, en los meses de abril, mayo y junio de 1981 podrían haber sido los contenedores del tóxico.
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El primero en apuntar a un organofosforado como causa de la intoxicación fue el doctor Peralta, que ya en mayo, mes de inicio de la epidemia, sostenía dicha hipótesis. Posteriormente, el doctor Muro, junto a un equipo de colaboradores, entrevistó personalmente a más de 4.000 afectados de todo el país, tras lo que aseguraron que gran parte de los afectados no había consumido aceite de colza desnaturalizado, pero sí incluía en su dieta la misma variedad de tomate.
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Luís Frontela Carreras, catedrático de Medicina Legal y director del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Sevilla, confirmó que: "No existe la más mínima base científica para atribuir al consumo de aceite de colza desnaturalizado mediante anilinas la causa directa del síndrome tóxico". A lo que añadió que las anilinas no provocan el cuadro clínico observado en los afectados por la "neumonía atípica".
Los doctores Javier Martínez Ruíz y María Jesús Clavera afirmaron en una entrevista a Cambio 16, publicada en diciembre de 1984, lo siguiente: "El aceite no es el culpable. Tras muchos meses de trabajo en el Plan Nacional del Síndrome Tóxico hemos podido comprobar que el tóxico no fue el aceite, ya que solo tres de cada mil personas que consumieron la colza supuestamente envenenada han resultado afectados".
A la misma conclusión llegó el médico militar Luis Sánchez Monge, dedicado al estudio de los gases tóxicos, así como el Instituto Nacional de Toxicología y en el Centro de Nutrición y Alimentación de Majadahonda donde administraron aceite a babuinos, monos, cobayas y hámster pero no desarrollaron sintomatología alguna.
La misma publicación reveló unos informes confidenciales de los servicios secretos que señalaban a un agricultor de Roquetas de Mar que empleó Nemacur líquido para exterminar una plaga semanas antes de la recolección de la cosecha.
El Nemacur se emplea como plaguicida en España desde 1972. En su versión líquida posee una alta concentración de organofosforados, lo que lo convierte en un producto altamente tóxico. El Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indica que debe administrarse ente 60 y 90 días antes de la recolección para que no contenga residuos de veneno.
La empresa Bayer, fabricante del plaguicida, rechaza cualquier posible vinculación con el envenenamiento. Entre tanto los defensores de dicha teoría insisten en la farsa montada por el Gobierno para culpar a unos pequeños empresarios y salvaguardar a la multinacional alemana.
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Faber-Kaisser va todavía más allá y en su libro "Pacto de Silencio" manifiesta que no se investigó más y se impuso el silencio por la presión ejercida por los colectivos de afectados. Los organofosforados son armas de guerra química desarrollados por las grandes potencias y protegidas por los servicios secretos, aclamó.
Víctimas y supervivientes
Silvia en brazos de su madre en el Hospital Primero de Octubre. Fotografía: Miguel González.
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El síndrome de aceite tóxico (SAT) es una enfermedad rara que solo existe en España como consecuencia de la intoxicación derivada del consumo de aceite de colza con anilinas al 2%. La Organización Mundial de la Salud adoptó esta nomenclatura para destacar que la única causa de la patología había sido la ingesta de aceite tóxico y descartar así otras teorías que fomentaban la alarma social.
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La patología crónica y desconocida afectó a 19.554 personas y provocó el fallecimiento de 4.952, según datos del Instituto Nacional de Seguridad Social. Las cifras varían notablemente según la fuente consultada y podrían ser más elevadas. Muchos fallecidos no fueron registrados por el cese de las investigaciones o por residir en localidades alejadas de la ruta del aceite.
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La mayor concentración de afectados se encuentra en Madrid y en Castilla y León pero la incidencia de la patología se expande por todo el territorio nacional. La repercusión real no se equipara con lo recogido por los medios de comunicación en aquel momento, ya que no contemplaron los afectados en las provincias periféricas e hicieron eco de las cifras de afectados recogidas en la sentencia. Es más, cuatro décadas después es común que se siga haciendo referencia a esos datos a pesar de que diversos organismos oficiales registren sumas muy superiores.
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Incidencia de la intoxicación por provincias. Elaboración propia. Datos extraídos del Informe del Gobierno sobre actuaciones de la Administración del Estado en relación con la enfermedad asociada con el consumo de aceite tóxico, 1981.
Más de 5.000 casos
De 5.000 a 1.001 casos
De 1.000 a 501 casos
De 500 a 101 casos
De 100 a 101 caos
De 50 a 11 casos
De 10 a 1 casos
El síndrome tóxico es una dolencia crónica con elevada morbilidad y afectación multisistémica que se enmarca dentro de las enfermedades raras porque afecta a menos del 0,05% de la población y sus pacientes sopesan peligro de muerte o invalidez crónica.
El aceite tóxico fue distribuido en mercadillos, a través de venta ambulante y en tiendas de alimentación con precios relativamente inferiores a otras marcas. Es por ello que el perfil de los afectados se caracterizó por pertenecer a estratos socioeconómicos medios y bajos. Afectó por tanto a un estrato poblacional vulnerable, con riegos sociales, económicos y educativos.
La dolencia afectó a niños y adultos por igual y se registró mayor incidencia en mujeres que en hombres.
Fases de la enfermedad
La evolución de la enfermedad pasó por cuatro fases: la prodrómica durante los primeros días, en la que los síntomas desarrollados eran similares a los de un catarro; la fase aguda, que se desarrolló durante los dos meses siguientes a la intoxicación y en la que la sintomatología era malestar general, fiebre, cefalea, dolor articular, sarpullidos y picores intensos, problemas en el cuadro respiratorio, hepatomegalia, inflamación de los ganglios linfáticos, mialgias y calambres musculares y alteraciones analíticas. Transcurridos dos meses los pacientes entraron en la fase intermedia en la que fue común sufrir síndrome esclerodermiforme, esclerosis y fibrosis cutánea, además de otras problemáticas; en esta etapa el 20% desarrolló hipertensión pulmonar. Después de unos meses el 60% de los afectados entraron en fase crónica, en la que permanecen conviviendo con afectaciones en la piel y glándulas, problemas cardiopulmonares, síndrome neuromuscular, prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, problemas osteoarticulares, alteraciones digestivas y problemas psiquiátricos como desarrollo de estrés postraumático en el 30% de los casos.
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Extracto de la portada de La Voz de Galicia del 19 de junio de 1981.
Carmen Cortés , coordinadora de la Plataforma Seguimos Viviendo.
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"Uno de mis profesores, que era médico, me diagnosticó una bronquitis"
Estado actual
El 45% de los supervivientes se encuentra en un estado de salud aceptable, otro 45% sufre una baja calidad de vida y el 10% se encuentra en un estado de salud malo o muy malo, según datos del Instituto de Salud Carlos III. En su día a día acarrean las problemáticas ya descritas así como fragilidad capilar, problemas dentales, fatiga crónica, artrosis y luxación, dolor crónico, osteoporosis, deformaciones articulares, afectaciones musculares, como pérdida del equilibrio, o afectación inmunológica. Además de los problemas psicológicos como alteraciones del sueño, pérdidas de memoria y ansiedad o depresión en el 50% de los casos. Todo ello deriva en que muchos supervivientes sean personas dependientes o se vean incapacitados para trabajar.
La mediación suministrada para poder salvarles la vida fue muy agresiva y dejó también secuelas en los afectados. A día de hoy el tratamiento que se sigue se basa en aliviar el dolor, los calambres, disminuir los problemas psicológicos y mejorar la calidad del sueño. Para ello, de manera generalizada se recetan analgésicos, antidepresivos y anticonvulsivantes, así como los medicamentos específicos para las patologías concretas de cada paciente.
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La rehabilitación jugó también un papel clave en la recuperación. En la actualidad el ejercicio físico, los masajes, la aplicación de ultrasonidos y ultracorrientes y la órtesis, apoyos externos para mejorar el sistema neuromusculoesquelético, son una pieza imprescindible para frenar el inevitable empeoramiento físico.
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Abandono
"No tenemos los mismos derechos que otras víctimas"
Carmen Cortés
Los enfermos por síndrome tóxico se encuentran sumidos en una espiral constante de desinformación. El trato a las víctimas y familiares desde las instituciones se caracterizó desde el principio por la falta de atención y posteriormente por el olvido y la insuficiente investigación, la ausencia de centros de referencia y los recursos limitados que complican su realidad.
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Como dijo Oscar Wilde, "si nunca se habla de una cosa, es como si no hubiese sucedido". A pesar del número de afectados el SAT no se estudia en las facultades de medicina y no existe ningún centro especializado que aúne todas sus necesidades. "Tenemos una enfermedad que nunca se cura. Tenemos una enfermedad que tiene que ser vigilada hasta que muramos", recuerda Cortés. La falta de una unidad centralizada de tratamiento deja a las víctimas a la deriva de la autonomía en la que residen, no siempre teniendo los cuidados que su patología requiere. Hasta 2009 contaban con unidad de seguimiento en el hospital madrileño Carlos III pero el gobierno de la Comunidad echó el cierre. Tras muchos esfuerzos por parte de las asociaciones de víctimas se consiguió poner en marcha una unidad funcional el Hospital 12 de Octubre, pero sigue pendiente la creación de un centro en el que se aborde conjuntamente la parte asistencial y la social.
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El pago de medicación y la cobertura médica son dependientes de los gobiernos autonómicos, lo que obliga a las asociaciones a negociar de manera independiente los acuerdos. El problema de competencias se refleja también en las trabas impuestas por algunas regiones para el traslado de pacientes a la unidad madrileña. Pese a que la medicación y la parafarmacia están cubiertas por el Estado de por vida otras necesidades como la salud bucodental, la podología o la fisioterapia corren a cargo de los propios afectados.
La investigación es otra batalla perdida. El desconocimiento sobre la evolución de la enfermedad y sobre cómo afecta a la descendencia de los damnificados es total. En el año de la crisis y en los posteriores los especialistas ante la falta conocimiento de que afectaciones podía tener en el feto trasladaron a las mujeres embarazadas la responsabilidad de abortar o no. En la actualidad todavía se ignora la repercusión real que puede tener el síndrome tóxico en generaciones futuras y ya se han dado casos aislados de relevo generacional.
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"En España era ilegal abortar y fueron solas a abortar a países de Europa"
Carmen Cortés , coordinadora de la Plataforma Seguimos Viviendo.
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Josefa Casado y Encarnación Ortiz durante una protesta de afectados por el síndrome tóxico en Madrid. Fotografía: Miguel González.
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Indemnizaciones y reivindicaciones
"No se vuelve a hablar del síndrome tóxico después de las indemnizaciones, como si las indemnizaciones lo hubiesen curado". "Aunque se mire para otro lado el problema existe y no desaparece", recalca Carmen Cortés.
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De las indemnizaciones recibidas, embolsadas en muchos casos transcurridos años, se descontó las ayudas que los afectados habían recibido con anterioridad para enterrar a familiares, para dar leche artificial a los bebés cuyas madres no podían… "se descontó más del 25%", informa Cortés. Asimismo al recibir dichas cuantías los afectados que no habían trabajado antes de enfermar perdieron la ayuda por incapacidad. Los que sí han podido trabajar con posterioridad pero les es imposible continuar por su mal estado físico se enfrentan a largos y duros procesos para poder conseguir la invalidez, "tenemos que judicializarlo en el mejor de los casos. Si has trabajado en muy difícil conseguirla y si no has trabajado no la tienes", cuenta Carmen Cortés en referencia a la paga por incapacidad.
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"Es como si tuviésemos 20 años más"
Carmen Cortés
A pesar de los años de lucha, de manifestaciones multitudinarias y encierros poco o nada han conseguido de las autoridades los supervivientes de la epidemia. Reuniones con gobiernos y comparecencias en el Congreso de los Diputados no han sido suficientes para ocupar el papel que merecen en la sociedad. La Plataforma Seguimos Viviendo aúna en un manifiesto publicado en 2018 las reivindicaciones por las que los afectados continúan trabajando.